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Espiados por el gobierno

El año pasado, un analista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, reveló información confidencial, en donde exponía cómo el gobierno de ese país realizaba espionaje dentro de su territorio y en el mundo entero. Cuando dicha Agencia fue enfrentada al respecto, sus directivos explicaron que lo único que recolectaban era información de los usuarios de telecomunicaciones, denominada metadata. Este tipo de información, explicaron, no contiene datos personales ni específicos de las personas: solo ayuda a establecer patrones de conducta, con lo que ellos dicen luchar contra el crimen y el terrorismo.

La medida causó escándalo en la sociedad mundial y en los gobiernos afectados. La noción de que el gobierno se faculte a sí mismo para espiar, violenta los derechos humanos relacionados con la intimidad y la privacidad. En México, mientras tanto, el gobierno aprendió de los métodos utilizados, y creó todo un apartado al respecto en la Nueva Ley de Telecomunicaciones, donde se obliga a los operadores de redes a recopilar información de sus clientes durante dos años, y a cederla a las autoridades, cuando esta información sea solicitada. Debido a lo anterior, los mexicanos estamos siendo vigilados por el gobierno, quien se ha autofacultado, bajo el amparo de la ley, para espiar a los ciudadanos.

C21_TheWorld_01El gobierno mexicano argumenta lo mismo que el estadounidense: que solo se trata de vigilancia y recolección de metadatos. Para entender qué es lo que el gobierno puede hacer y qué consecuencias tendrán estos actos, es necesario conocer la ley en cuestión. En primer lugar, los operadores como Telcel deberán llevar un registro de nuestros datos personales, de nuestra línea de teléfono, del modelo de aparato que usamos, de con quién hablamos y por cuánto tiempo, de dónde nos encontramos (por medio de la geolocalización). Estudios han demostrado que con estos registros (los llamados metadatos) es suficiente para averiguar información de cada usuario, ya que se podrá saber qué lugares frecuenta, con quién mantiene comunicación, e incluso, al contar con los datos del equipo telefónico, es concebible que este sea intervenido.

El Instituto Federal de Acceso a la Información tuvo la facultad de oponerse a esto, a través de un recurso legal llamado Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, para que se declarara que esta ley viola nuestros derechos humanos. Este Instituto, sin embargo, se negó a presentar dicho recurso, y por tanto, con tal omisión, ha colaborado para que se violente nuestra privacidad como individuos. La Nueva Ley de Telecomunicaciones vulnera nuestra Constitución, pues implica actos de molestia por parte del gobierno. Los metadatos no deberían ser solicitados, salvo en caso de delito, cuando la adquisición de esta información privada podría servir para salvaguardar el bien común.

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